Crónicas Urbanas

El calendario judicial: cuando la historia se convierte en sospecha

Por Jorge Arturo Castillo

La detención de Ernesto Ruffo Appel, ex gobernador de Baja California no solo abre un proceso legal; también reaviva una vieja pregunta sobre la capacidad del Estado mexicano para impartir justicia sin que el calendario político marque el ritmo de los tribunales.

Caminar por la Ciudad de México es recorrer un territorio donde la memoria cambia con sorprendente rapidez. Calles rebautizadas, monumentos retirados y narrativas oficiales que se reescriben recuerdan que, en este país, la historia suele adaptarse a las necesidades del presente. En medio de esa constante reconstrucción del pasado, una noticia irrumpió esta semana en las pantallas de los teléfonos móviles: la detención de Ernesto Ruffo Appel.

Para muchos jóvenes, su nombre apenas remite a un capítulo de los libros de historia. Para quienes siguieron la transición democrática mexicana representa mucho más. En 1989, cuando el PRI parecía invencible, Ruffo ganó la gubernatura de Baja California y se convirtió en el primer gobernador de oposición de la época contemporánea. Aquel triunfo marcó el inicio de una nueva etapa política. Demostró que la alternancia era posible y que el sistema construido durante décadas podía abrirse, finalmente, a la competencia democrática.

Treinta y siete años después, verlo enfrentar un proceso penal por su presunta participación en un esquema de “huachicol fiscal” trasciende el ámbito estrictamente judicial. Como cualquier ciudadano, debe responder ante la ley si existen elementos suficientes para ello. Pero, al mismo tiempo, el caso inevitablemente despierta preguntas sobre la relación entre justicia, poder y memoria política.

En una democracia consolidada, la rendición de cuentas no admite excepciones. Quienes ocuparon responsabilidades públicas deben responder por sus actos cuando existan pruebas que así lo ameriten. Sin embargo, esa misma democracia exige que la aplicación de la ley no deje espacio para la sospecha de que las instituciones actúan con criterios distintos según la coyuntura política o la identidad de los investigados.

Es precisamente esa percepción la que hoy alimenta el debate público. Mientras algunos expedientes de alto impacto avanzan con rapidez y ocupan los titulares, otros casos igualmente relevantes parecen permanecer durante años en una zona de incertidumbre. No se trata de afirmar que exista una persecución política ni de anticipar el resultado de un proceso judicial que apenas comienza. Se trata de reconocer que la credibilidad de la justicia depende tanto de su imparcialidad como de la confianza que inspire en la sociedad.

Cuando los ciudadanos perciben que la ley se aplica con distinta intensidad según el momento político, el problema deja de pertenecer únicamente al ámbito jurídico y se convierte en un asunto institucional. La confianza pública comienza a erosionarse y con ella se debilita uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho: la certeza de que todos serán juzgados bajo las mismas reglas.

México enfrenta desafíos mucho más complejos que la investigación de un exgobernador. La violencia criminal, el crecimiento económico insuficiente, la presión sobre el sistema de salud, la incertidumbre para la inversión y la creciente polarización política exigen instituciones sólidas y creíbles. En ese contexto, cada decisión de la Fiscalía y del Poder Judicial adquiere una dimensión que rebasa el expediente correspondiente, porque fortalece o debilita la confianza ciudadana en la capacidad del Estado para actuar con independencia.

La historia reciente demuestra que ninguna democracia puede sostenerse únicamente sobre la legitimidad electoral. También necesita instituciones capaces de actuar sin presiones políticas y sin importar quién ocupe el poder. Cuando esa independencia se pone en duda, el desgaste alcanza a todo el sistema, incluso si las resoluciones judiciales terminan siendo legalmente correctas.

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Por ello, el caso de Ernesto Ruffo Appel debería analizarse más allá de la figura del propio exgobernador. Lo verdaderamente importante no es su pasado político ni el simbolismo que representa para una generación que vivió la transición democrática. Lo que está en juego es la confianza en que las instituciones mexicanas puedan investigar con el mismo rigor, la misma oportunidad y la misma transparencia a cualquier servidor público, independientemente de su partido, de su influencia o de su cercanía con el poder.

Por supuesto, la democracia mexicana ha recorrido un largo camino desde aquella histórica elección de 1989, pero sigue enfrentando una asignatura pendiente: demostrar que la justicia no responde a los tiempos de la política. La fortaleza de un Estado constitucional no se mide por el número de personajes relevantes que llegan a los tribunales, sino por la certeza de que todos, sin excepción, pueden ser investigados con el mismo estándar jurídico y las mismas garantías procesales.

Solo cuando esa convicción deje de ser motivo de debate podremos afirmar que la transición democrática ha concluido. Mientras la aplicación de la ley continúe despertando sospechas sobre su oportunidad o su selectividad, la justicia seguirá siendo observada a través del lente de la política. Y una democracia donde los ciudadanos dudan de la imparcialidad de sus instituciones difícilmente puede aspirar a consolidar la confianza que requiere para enfrentar los desafíos del futuro.

Mochila al Hombro

Mientras buena parte del mundo acelera la carrera por la inteligencia artificial, la automatización y las habilidades del futuro, en México seguimos enfrascados en debates sobre cómo reducir las semanas efectivas de clase. La discusión no debería centrarse en enseñar menos, sino en enseñar mejor y preparar a las nuevas generaciones para competir en una economía cada vez más basada en el conocimiento.

Después nos sorprende que otros países exporten innovación, desarrollen tecnología y atraigan inversiones de alto valor agregado, mientras nosotros continuamos exportando talento. El problema no es la capacidad de nuestros jóvenes, sino la falta de una visión educativa que entienda que el capital más importante del siglo XXI no se encuentra bajo el suelo, sino dentro de las aulas.

Jorge Arturo Castillo es periodista, editor y consultor en comunicación con más de 30 años de experiencia en medios impresos y digitales. Especializado en salud, industria farmacéutica y negocios, ha realizado más de 3,500 entrevistas a líderes empresariales, funcionarios públicos y especialistas. Es director editorial de Mundo Farma, plataforma enfocada en las industrias de la salud en México, y fundador de Salud Adulto Mayor (SAM), un proyecto dedicado a informar y acompañar a personas mayores y sus familias. Actualmente colabora como columnista en distintos medios y desarrolla proyectos editoriales, publicaciones conmemorativas y estrategias de comunicación para organizaciones públicas y privadas.