La Presidencia del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) manifestó su disposición a colaborar con la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la investigación de oficio sobre los procesos de contratación del organismo, al considerar que la fiscalización entre instituciones del Estado constituye un mecanismo de contrapeso y rendición de cuentas.
En un posicionamiento institucional, la Presidencia del Consejo General señaló que la investigación es congruente con la solicitud de auditar los procesos de licitación del Instituto y reiteró que proporcionará la información que requieran tanto la ASF como el Órgano Interno de Control, instancia a la que ya fueron remitidos los antecedentes correspondientes.
El pronunciamiento sostiene que las indagatorias deben desarrollarse conforme a derecho, con respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia. Asimismo, plantea que cada expediente debe analizarse a partir de documentos y evidencias, mientras que la determinación de posibles responsabilidades corresponde exclusivamente a las autoridades competentes.
La postura institucional subraya que los procedimientos de contratación, las personas servidoras públicas y los proveedores deben sujetarse al marco legal, sin excepciones. En ese sentido, la Presidencia del Consejo General afirmó que la revisión de los expedientes debe realizarse sin anticipar conclusiones sobre casos particulares.
Como parte de las medidas adoptadas, el Instituto informó que se efectuaron relevos en áreas de alta responsabilidad ejecutiva y administrativa, en ejercicio de las atribuciones legales correspondientes. Sin embargo, la Presidencia evitó ofrecer detalles sobre situaciones específicas y aseguró que la información pertinente permanecerá disponible para las autoridades encargadas de las investigaciones.
Transparencia y rendición de cuentas
Entre las acciones anunciadas destaca la próxima puesta en marcha del micrositio “INE siempre a la vista, contigo en cada paso”, una plataforma que permitirá a la ciudadanía consultar información sobre contrataciones, montos, proveedores y documentos relacionados con las distintas etapas de los procedimientos.
La iniciativa busca facilitar el acceso público a la información administrativa del Instituto y ofrecer elementos verificables sobre el ejercicio de los recursos y los procesos de adquisición.
En su posicionamiento, la Presidencia del Consejo General sostuvo que la transparencia debe acreditarse mediante información accesible y documentación comprobable. El planteamiento coloca la publicidad de los contratos y sus respaldos documentales como instrumentos para fortalecer la vigilancia ciudadana sobre la gestión institucional.
La apertura de estos datos también representa un mecanismo para que la sociedad conozca las condiciones en que se realizan las contrataciones y pueda dar seguimiento a la actuación administrativa del organismo electoral.
Llamado a preservar la confianza electoral
El mensaje incluyó un reconocimiento al personal del INE, cuyo trabajo, señaló la Presidencia, ha contribuido a organizar elecciones confiables durante más de tres décadas. Asimismo, convocó a las y los trabajadores a mantener el rigor técnico, la profesionalidad y la responsabilidad que caracterizan al Servicio Profesional Electoral y al resto del personal.
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A la ciudadanía, la institución reiteró que continuará cumpliendo su mandato constitucional de organizar elecciones libres, auténticas y periódicas, bajo los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.
El posicionamiento se produce en un contexto en el que la fiscalización de los procedimientos administrativos adquiere relevancia para la credibilidad de las instituciones públicas. La investigación anunciada por la ASF y la disponibilidad del INE para colaborar serán elementos centrales para esclarecer los hechos y, en su caso, establecer las responsabilidades que determinen las autoridades competentes.
La revisión de las contrataciones y la publicación de información verificable constituyen, en este escenario, vías para fortalecer la rendición de cuentas y contribuir a preservar la confianza ciudadana en las instituciones electorales.
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