El senador de Morena, Aníbal Ostoa Ortega, presentó una iniciativa para eliminar las penalizaciones económicas por cancelar anticipadamente contratos de telefonía móvil que incluyan equipos adquiridos mediante financiamiento, así como prohibir que las empresas condicionen la contratación o renovación de sus servicios a la entrega de fianzas, depósitos en garantía u otros respaldos económicos.
La propuesta, presentada durante la sesión plenaria del 21 de octubre, plantea reformas a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión y a la Ley Federal de Protección al Consumidor, con el objetivo de fortalecer los derechos de las personas usuarias y establecer límites a las condiciones contractuales impuestas por las compañías.
Ostoa Ortega sostuvo que, cuando una persona decida cancelar un servicio que incluya un dispositivo financiado, la empresa únicamente podrá reclamar el saldo pendiente del equipo, sin imponer penalizaciones adicionales por la terminación anticipada del contrato.
El legislador argumentó que las condiciones de contratación deben garantizar la libertad de elección de los consumidores y evitar cobros que, a su juicio, resultan desproporcionados. También señaló que las modificaciones buscan establecer reglas claras sobre las obligaciones económicas de los usuarios y las empresas proveedoras.
Buscan proteger a 24.8 millones de usuarios
De acuerdo con el senador, la iniciativa podría beneficiar a 24.8 millones de usuarios de planes de pospago en México, al establecer mayores garantías frente a prácticas contractuales que dificultan la cancelación de servicios o el cambio de compañía.
El proyecto contempla prohibir que las empresas condicionen la contratación, continuidad o renovación de sus servicios a la presentación de fianzas, depósitos en garantía, garantías financieras u otros mecanismos de respaldo económico previo.
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El planteamiento busca modificar tanto la regulación específica de las telecomunicaciones como las disposiciones de protección al consumidor, de manera que las restricciones tengan sustento en ambos marcos legales.
Durante la presentación, el senador afirmó que los usuarios no deben enfrentar cargas económicas adicionales por ejercer su derecho a cambiar de proveedor. En ese sentido, defendió que las obligaciones de pago deben limitarse a los compromisos efectivamente adquiridos, como el saldo pendiente de un teléfono financiado.
Ostoa Ortega también cuestionó que las compañías soliciten garantías económicas desde el inicio de la relación contractual, al considerar que estas condiciones pueden colocar a los consumidores en una posición de desventaja frente a los prestadores del servicio.
La iniciativa pasa a comisiones
El legislador señaló que el propósito de la reforma es avanzar hacia relaciones contractuales más equitativas, fortalecer la competencia y garantizar que las personas puedan elegir entre distintas opciones de servicios sin enfrentar obstáculos económicos injustificados.
No obstante, la propuesta todavía deberá ser analizada por el Poder Legislativo. Una vez presentada, fue turnada a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, donde se realizará el análisis correspondiente y se elaborará el dictamen.
Por tanto, las medidas planteadas aún no constituyen obligaciones vigentes para las compañías telefónicas. Su eventual aplicación dependerá del proceso legislativo, de la aprobación de las reformas y de su entrada en vigor conforme a las disposiciones legales aplicables.
La iniciativa abre la discusión sobre los límites de las penalizaciones contractuales en el mercado de telefonía móvil y el equilibrio entre las obligaciones financieras de los usuarios, la protección al consumidor y las condiciones comerciales de las empresas.
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