El Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar las Violencias contra las Mujeres aprobó por unanimidad la implementación del Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar las Violencias contra las Mujeres (PIPASEVM) 2026-2030, instrumento que establece una nueva ruta de coordinación entre el Gobierno federal y las administraciones estatales para fortalecer las políticas públicas de protección y garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.
El acuerdo se alcanzó durante la Quincuagésima Novena Sesión Ordinaria del Sistema Nacional, encabezada por la Secretaría de las Mujeres, con la participación de gobernadoras, gobernadores, representantes de los gobiernos estatales, titulares de dependencias federales y responsables de los mecanismos locales para el adelanto de las mujeres.
Al inaugurar los trabajos, la secretaria de las Mujeres y secretaria ejecutiva del Sistema Nacional, Laura Itzel Castillo Juárez, señaló que este mecanismo entra en una nueva etapa caracterizada por una mayor articulación institucional, responsabilidad y exigencia en el cumplimiento de sus atribuciones.
Explicó que este fortalecimiento adquiere una dimensión particular a partir de la reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, publicada el 15 de enero de 2026, que plantea nuevas condiciones para la actuación de las instituciones responsables de garantizar los derechos de las mujeres.
Castillo Juárez sostuvo que las violencias contra las mujeres constituyen una expresión estructural de la desigualdad y se manifiestan en distintos espacios de la vida pública y privada. Por ello, consideró necesario impulsar transformaciones culturales, mejorar los mecanismos de atención y fortalecer la protección de los derechos de este sector de la población.
Durante la sesión, la subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias, Ingrid Gómez Saracíbar, presentó el PIPASEVM 2026-2030, programa especial derivado del Plan Nacional de Desarrollo del mismo periodo, cuya estructura contempla cuatro objetivos estratégicos.
El primero está orientado a prevenir las violencias y promover transformaciones socioculturales sostenibles; el segundo busca fortalecer los servicios de atención mediante enfoques interseccional, intercultural y territorial.
El tercer objetivo plantea garantizar el acceso a la justicia y la reparación del daño para las víctimas, mientras que el cuarto establece mecanismos de coordinación interinstitucional para impulsar la aplicación y el seguimiento de políticas públicas con perspectiva de género.
La propuesta parte del reconocimiento de que ninguna dependencia puede enfrentar de manera aislada las distintas expresiones de violencia. En consecuencia, establece responsabilidades compartidas entre las instituciones federales y los gobiernos estatales, además de mecanismos de seguimiento para evaluar el cumplimiento de los compromisos y traducirlos en resultados verificables.
En ese contexto, Laura Itzel Castillo destacó que la participación de las instituciones integrantes será determinante para convertir los objetivos, estrategias y líneas de acción del programa en medidas concretas. También subrayó que la corresponsabilidad gubernamental constituye una condición para sostener una respuesta coordinada frente a las violencias.
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Como parte de los acuerdos, se presentó la ruta para la firma de convenios entre la Secretaría de las Mujeres y las entidades federativas, con el propósito de establecer los mecanismos de coordinación, implementación y acompañamiento necesarios para ejecutar el programa en los estados.
Asimismo, se abordó el proyecto de actualización del Reglamento del Sistema Nacional, cuya revisión responde a los cambios establecidos en la legislación general. Las instituciones participantes deberán analizar el documento y remitir sus observaciones para integrar una versión que pueda someterse a consideración y aprobación en una próxima sesión.
Otro de los asuntos incluidos fue la presentación de las actividades y la línea conceptual de los 16 Días de Activismo, iniciativa que se desarrollará en torno al 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.
La aprobación del PIPASEVM 2026-2030 establece un marco de actuación que busca superar las intervenciones institucionales aisladas y fortalecer la continuidad de las políticas públicas en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de las violencias. Su alcance dependerá de la coordinación efectiva entre los distintos órdenes de gobierno, el cumplimiento de las responsabilidades asignadas y la posibilidad de medir los resultados en beneficio de las mujeres.
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