En el recién inaugurado centro de detención migratoria conocido como “Alligator Alcatraz”, ubicado en pleno corazón de los Everglades, decenas de migrantes han denunciado condiciones infrahumanas: calor extremo, escasez de agua, comida en mal estado, baños colapsados y nulo acceso a atención médica o representación legal.
El complejo, construido en solo dos semanas sobre un antiguo aeródromo municipal a 80 kilómetros de Miami, ha sido presentado como una solución “temporal y eficiente” por el fiscal general de Florida, James Uthmeier.
Sin embargo, testimonios directos de migrantes detenidos, sus familiares y abogados contradicen esta versión.
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Vladimir Miranda, migrante cubano con permiso de permanencia temporal, fue arrestado en su trabajo en Orlando y trasladado a “Alligator Alcatraz”.
Su pareja, Eveling Ortiz, declaró a NBC 6 que Miranda no ha podido bañarse ni comunicarse con un abogado, y que las fallas eléctricas dejan a los detenidos sin agua, ventilación o contacto con el exterior, en temperaturas que rondan los 40 grados centígrados con 90 % de humedad.
El artista urbano cubano Leamsy “La Figura” Izquierdo, arrestado en Miami, también denunció que lleva días sin poder asearse, rodeado de luz artificial constante y sin acceso a productos básicos de higiene. Otro caso expuesto por CNN refiere que un migrante guatemalteco permanece incomunicado, rodeado de mosquitos y sin alimentación suficiente.
Abogados de inmigrantes califican el trato recibido como propio de “ratas en un experimento”, al denunciar comida podrida, baños desbordados de excremento y la presunta prohibición de rezar o practicar su fe, tras la confiscación de biblias.
“Mi cliente tiene estatus legal y aún así fue detenido en este lugar, incomunicado, sin comida adecuada ni acceso a su abogado”, declaró Phillip Arroyo al Miami Herald, en representación de un joven amparado por el programa DACA.
Infraestructura precaria y alto costo.
El centro, rodeado por caimanes y pitones, fue levantado con un presupuesto inicial de 450 millones de dólares, pero documentos filtrados de FEMA revelan que el costo ya supera los 600 millones. A pesar de su reciente inauguración, la instalación carece de condiciones básicas de salubridad y seguridad, incluso frente a amenazas naturales como huracanes.
El activista Thomas Kennedy, de la Coalición de Inmigrantes de Florida, intentó visitar el lugar junto a legisladores el pasado 3 de julio, pero se les negó la entrada. “Los mosquitos eran una nube visible. Es un sitio inhabitable”, denunció.
En respuesta, Stephanie Hartman, portavoz de la División de Manejo de Emergencias de Florida, aseguró en un comunicado que las acusaciones son “completamente falsas” y que el centro “cumple con todos los estándares requeridos”.
Por su parte, la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, exigió al fiscal estatal acceso inmediato a las instalaciones y la creación de un equipo de monitoreo semanal. También solicitó un plan de evacuación urgente ante el riesgo de huracanes, dada la ubicación del centro en una zona climáticamente vulnerable.
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