La diputada Irma Juan Carlos, del grupo parlamentario de Morena, presentó una iniciativa para sancionar con penas de cuatro a ocho años de prisión y multas de 400 a mil días a quien manipule digitalmente imágenes de otras personas mediante inteligencia artificial u otras herramientas informáticas.
La propuesta plantea adicionar un párrafo al artículo 199 Septies del Código Penal Federal, con el propósito de castigar de manera específica a quienes alteren fotografías para hacer parecer que una persona está desnuda o participa en actividades sexuales explícitas, así como a quienes distribuyan, comercialicen o almacenen ese material con conocimiento de su origen.
La iniciativa, turnada a la Comisión de Justicia, advierte que el avance de las tecnologías emergentes ha generado nuevas formas de violencia digital que no están plenamente contempladas en la legislación vigente.
Irma Juan Carlos sostiene que, aunque México ha dado pasos importantes con disposiciones como la Ley Olimpia, todavía persisten vacíos legales frente al uso indebido de la inteligencia artificial para vulnerar la privacidad, la dignidad y la integridad de las personas.
De acuerdo con el planteamiento, la reforma busca cerrar esa brecha normativa al tipificar como delito la manipulación de imágenes con fines sexuales y equiparar su castigo con las sanciones previstas para quienes soliciten o distribuyan contenido sexual explícito de menores de edad o personas en condición de vulnerabilidad.
La legisladora argumentó que el orden jurídico debe responder a las nuevas realidades tecnológicas y enviar un mensaje claro de rechazo a estas prácticas, además de garantizar justicia para las víctimas.
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En la exposición de motivos se señala que en los últimos años ha aumentado el uso de programas de inteligencia artificial y software de edición para alterar imágenes personales, una práctica que afecta principalmente a mujeres, menores de edad y otros grupos vulnerables.
La diputada subrayó que la proliferación de estos casos pone en evidencia una laguna jurídica que permite la impunidad, por lo que consideró indispensable fortalecer el marco legal para proteger los derechos fundamentales a la privacidad, la dignidad y la integridad personal.
“En un contexto donde el uso indebido de estas tecnologías afecta principalmente a mujeres, menores de edad y otros grupos vulnerables, es fundamental fortalecer el marco legal para garantizar la protección de sus derechos”, expone la iniciativa.
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