Ante el crecimiento de los riesgos que enfrentan niñas, niños y adolescentes en entornos digitales, la diputada federal Ariana del Rocío Rejón Lara, del Grupo Parlamentario del PRI, presentó una iniciativa para fortalecer el combate a la trata de personas mediante la incorporación de agravantes específicas cuando el delito se cometa a través de tecnologías de la información, redes sociales, plataformas digitales o videojuegos en línea.
La propuesta plantea reformar el artículo 42 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, con el objetivo de reconocer como modalidad agravada los casos en que el enganche, transporte o captación de menores de 18 años, o de personas que no tengan capacidad para comprender o resistir el hecho, se realice mediante herramientas digitales.
Además, la iniciativa establece que, en estos supuestos, los responsables no podrán acceder a beneficios de libertad anticipada ni a la reclasificación de los hechos a delitos de menor gravedad, como estupro o corrupción de menores, cuando existan elementos que acrediten fines de explotación o reclutamiento criminal.
La legisladora argumenta que la trata de personas ha evolucionado junto con las nuevas tecnologías y que actualmente los procesos de captación ya no ocurren únicamente en espacios físicos. Hoy, advierte, las redes criminales utilizan perfiles falsos, servicios de mensajería instantánea, redes sociales, chats privados y plataformas de videojuegos para acercarse a potenciales víctimas, establecer vínculos de confianza y ejercer mecanismos de manipulación y control.
De acuerdo con la propuesta, el uso de entornos digitales amplifica la capacidad de operación de los tratantes, al permitirles actuar con mayor anonimato, ampliar su alcance territorial y multiplicar las posibilidades de contacto con menores de edad, factores que incrementan significativamente el riesgo de explotación.
Rejón Lara sostiene que, aunque la legislación vigente ya contempla sanciones para la captación de víctimas y reconoce agravantes generales, aún existe un vacío legal respecto al uso de tecnologías de la información como medio comisivo agravado. Esta omisión, señala, dificulta la correcta tipificación de los delitos y puede derivar en investigaciones tardías o en sanciones que no reflejan la verdadera gravedad de los hechos.
Entre los beneficios de la reforma destaca la actualización del marco jurídico frente a las nuevas formas de operación de las redes criminales, el fortalecimiento de las investigaciones mediante una mejor preservación de evidencia digital y una judicialización más efectiva de los casos relacionados con trata de personas y reclutamiento de menores.
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Asimismo, la iniciativa busca reforzar la protección de la infancia y adolescencia al reconocer que el daño puede comenzar desde el primer contacto digital, cuando las víctimas son manipuladas, aisladas o seducidas mediante herramientas tecnológicas diseñadas para facilitar la interacción constante.
La propuesta, turnada a la Comisión de Derechos Humanos para su análisis, busca cerrar vacíos normativos y adaptar la legislación mexicana a los desafíos que representan los entornos digitales, en un contexto donde las plataformas tecnológicas se han convertido en espacios de creciente vulnerabilidad para niñas, niños y adolescentes.
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