La Cámara de Diputados aprobó en lo general la Ley General de Aguas con 328 votos a favor, 131 en contra y 5 abstenciones.
La reforma convierte al agua en un bien estratégico bajo rectoría del Estado: elimina la transmisión privada de concesiones (compra, venta o herencia automática), y reserva al Estado la facultad de otorgar concesiones.
Se crea un Registro Público Nacional de Aguas y un Fondo de Reserva de Aguas para garantizar el acceso al agua potable y doméstica a quienes carecen de ella; al mismo tiempo se proponen sanciones para delitos contra las aguas nacionales.
La reforma pretende combatir el acaparamiento del recurso, regular concesiones, prevenir el sobreuso y proteger el derecho humano al agua; también busca cerrar espacios al tráfico ilegal de concesiones, y castigar abastecimientos irregulares o uso indebido.
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