El Gobierno de la Ciudad de México presentó una iniciativa de reforma al Código Penal local para aumentar las sanciones por el delito de amenaza, incluyendo aquellas cometidas a través de redes sociales o relacionadas con la colocación de bombas.
Actualmente, el artículo 209 castiga este ilícito con penas de tres meses a un año de prisión sin distinción de gravedad. Con la reforma, las amenazas graves podrían alcanzar uno a dos años, y agravarse hasta seis años si intervienen armas, explosivos o vínculos con grupos delictivos organizados.
Según la Fiscalía capitalina, de enero a agosto de 2025 se han abierto 13,102 carpetas de investigación por amenazas en la Ciudad de México.
La propuesta será analizada por las comisiones legislativas del Congreso local, con miras a ajustar el marco jurídico para responder al creciente uso de amenazas virtuales y violencia simbólica en espacios educativos y públicos.
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