Hasta abril de 2025, fuerzas federales y estatales han desmantelado 2,083 cámaras de videovigilancia instaladas ilegalmente en Sinaloa, principalmente en Culiacán, Navolato y Mazatlán.
Estos dispositivos, presuntamente operados por grupos criminales, no estaban conectados al sistema oficial C4i.
Aunque algunas han sido reinstaladas tras su retiro, los operativos continúan como parte de una estrategia para combatir la inseguridad tras la escalada de violencia entre grupos delictivos.
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