Con unanimidad de 474 votos a favor, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que reforma el inciso a) de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política, a fin de facultar al Congreso de la Unión para expedir una ley general que establezca los tipos penales y sanciones en materia de extorsión.
El dictamen, originado en una iniciativa presentada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, se avaló en lo general y en lo particular y fue turnado al Senado de la República para su análisis y efectos constitucionales.
De acuerdo con el régimen transitorio, el Congreso tendrá un plazo máximo de 180 días a partir de la entrada en vigor de la reforma para emitir la ley correspondiente. Mientras tanto, las disposiciones federales y estatales en materia de extorsión seguirán vigentes hasta que se publique la nueva norma, la cual contemplará plazos y condiciones para homologar las legislaciones locales.
La reforma busca consolidar la Estrategia Nacional contra la Extorsión, coordinada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que se sustenta en cinco ejes: detenciones mediante inteligencia e investigación, creación de Unidades Antiextorsión locales, aplicación de protocolos de atención a víctimas, capacitación en manejo de crisis y negociación, así como el impulso de una campaña nacional de prevención.
En el documento se destaca que el delito de extorsión, tipificado en el Código Penal Federal desde 1984, ha evolucionado con el uso de nuevas tecnologías y en relación directa con la delincuencia organizada, lo que ha generado diversas modalidades que superan las normas vigentes. Además, la falta de homologación en las legislaciones estatales ha dificultado su combate.
Durante la discusión, diputadas y diputados de Morena, PAN, PVEM, PT y PRI presentaron reservas, las cuales fueron retiradas o desechadas, por lo que el dictamen se aprobó en sus términos originales.
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El vicepresidente de la Mesa Directiva, Raúl Bolaños-Cacho Cué (PVEM), informó que las reservas no presentadas en tribuna serán registradas íntegramente en el Diario de los Debates.
Con esta reforma constitucional se busca avanzar en la homologación, sistematización y fortalecimiento jurídico contra la extorsión, un delito calificado como de alto impacto en el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, por sus efectos sobre personas, familias trabajadoras y comercios en todo el país.
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