Las deportaciones masivas impulsadas por el presidente Donald Trump desde su regreso a la Casa Blanca a finales de enero han detonado una crisis social, política y económica en Estados Unidos.
La medida, que ha dejado miles de vacantes en sectores clave, ha unido a empresarios de todo el país en un llamado urgente al Congreso para frenar la fuga de trabajadores.
Más de 100 líderes empresariales acudieron este miércoles al Capitolio para advertir del “desplome de la mano de obra” y el riesgo que esto representa para la economía estadounidense.
“La economía americana no puede crecer sin vías legales para los trabajadores que impulsan industrias como la construcción, agricultura y hotelería”, afirmó Rebecca Shi, directora ejecutiva de la American Business Immigration Coalition (ABIC).
La ABIC, que agrupa a más de 1,700 empresarios y asociaciones comerciales en 17 estados, lleva meses advirtiendo sobre el impacto devastador de las deportaciones en la productividad nacional.
El organismo promueve la aprobación del proyecto de Ley de la Dignidad (Dignity Act), impulsado por la congresista republicana María Elvira Salazar y la demócrata Verónica Escobar, que busca regularizar a migrantes indocumentados sin otorgarles ciudadanía, pero con permisos de residencia y trabajo.
El proyecto exige que los beneficiarios lleven más de cinco años en el país, no tengan antecedentes criminales y paguen una multa de 7,000 dólares, además de ceder el 1% de su salario durante siete años como penalización.
“Estamos enviando el mensaje equivocado al rechazar a quienes sostienen nuestra economía”, declaró Salazar, hija de inmigrantes cubanos, al advertir que la campaña antiinmigrante podría afectar al Partido Republicano en las elecciones de medio mandato de 2026.
La situación es crítica: la fuerza laboral estadounidense se ha reducido por tres meses consecutivos —algo que no ocurría desde 2010—, afectando gravemente sectores como la construcción, la industria láctea y el procesamiento de alimentos, donde los migrantes representan hasta el 50% de la plantilla.
Incluso dentro del Partido Demócrata hay voces disidentes. El senador Rubén Gallego, de Arizona, reconoció que su partido “se equivocó” al no escuchar a los votantes fronterizos que pedían un control más estricto.
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Gallego propuso reforzar la frontera, otorgar ciudadanía a los “dreamers” y avanzar gradualmente hacia una reforma integral.
Mientras tanto, los empresarios insisten en que el país no puede sostener su economía sin los trabajadores migrantes que hoy están siendo deportados.
El mensaje desde Washington es claro: la prosperidad de Estados Unidos depende de quienes muchos quieren expulsar.
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