La Fiscalía General de la República (FGR) anunció la suspensión de la renta de vehículos oficiales para sus funcionarios, una medida que estará vigente hasta 2028 y busca reducir gastos, evitar el uso innecesario de recursos públicos y combatir prácticas de posible uso indebido de unidades asignadas a altos mandos.
La decisión fue tomada como parte de un plan de austeridad y eficiencia administrativa en la Fiscalía, que incluye también revisiones en otros rubros de gasto operativo que no impacten directamente las funciones sustantivas de investigación y procuración de justicia.
La FGR instruyó a todas sus áreas a cancelar contratos de arrendamiento vigentes y prescindir de nuevas rentas para viajes o traslados de servidoras y servidores públicos de alto nivel, salvo casos estrictamente necesarios justificados por la propia institución.
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