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Fiscalías acuerdan reforzar investigación, búsqueda y atención a víctimas

Fiscalías acuerdan reforzar investigación, búsqueda y atención a víctimas

La CNPJ acordó fortalecer la búsqueda de desaparecidos, capacidades forenses, combate a la extorsión y atención a víctimas.

La Quincuagésima Cuarta Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ) concluyó en Nayarit con acuerdos orientados a fortalecer la investigación de delitos, la búsqueda de personas desaparecidas y la atención integral a víctimas y sus familias.

Por primera vez desde la creación de la Fiscalía General de la República (FGR), la Asamblea Plenaria se realizó fuera de la Ciudad de México, con la participación de la fiscal general de la República y presidenta de la CNPJ, Ernestina Godoy Ramos, así como representantes de las Fiscalías y Procuradurías de las 32 entidades federativas.

Uno de los principales acuerdos fue la actualización del Protocolo Homologado de Investigación en materia de Desaparición Forzada de Personas y desaparición cometida por particulares, además de establecer acciones para su difusión, capacitación y certificación del personal ministerial, pericial y policial.

Las instituciones participantes también acordaron fortalecer las Fiscalías Especializadas en materia de desaparición y considerar recursos específicos en los presupuestos de 2027, con el propósito de mejorar las capacidades institucionales, infraestructura y disponibilidad de personal para la búsqueda de personas y la atención de sus familias.

En materia forense, se establecieron acciones para conocer y fortalecer las capacidades de las Fiscalías y Procuradurías del país, así como dar seguimiento a la información que integra el Banco Nacional de Datos Forenses, mejorar sus registros y fortalecer el intercambio de información entre la Federación y las entidades federativas.

Los acuerdos incorporaron una perspectiva de derechos humanos, con la participación de representantes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, a fin de reforzar la atención a víctimas y familiares.

Otro de los temas abordados fue el combate a la extorsión. Ante la Conferencia Nacional se presentó el Manual de operación de las fiscalías o unidades especializadas para la recepción de denuncias, investigación y persecución del delito de extorsión, concebido como una herramienta para compartir experiencias y fortalecer las capacidades institucionales.

La profesionalización del personal también formó parte de los acuerdos. Las Fiscalías y Procuradurías se comprometieron a fortalecer la capacitación de sus servidores públicos y a difundir la oferta educativa del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), particularmente en materias relacionadas con la investigación y combate a la extorsión.

Respecto al feminicidio, los integrantes de la CNPJ conocieron la iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Feminicidio, con el objetivo de identificar las acciones que serían necesarias para su eventual implementación y favorecer el intercambio de experiencias entre las instituciones de procuración de justicia.

Durante la Asamblea también se analizaron propuestas de reforma en materia de procuración de justicia, entre ellas modificaciones al Código Nacional de Procedimientos Penales encaminadas a agilizar y fortalecer la investigación de los delitos.

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Los participantes destacaron que la profesionalización y las condiciones adecuadas de trabajo son indispensables para que el personal ministerial, pericial y policial pueda desarrollar investigaciones sólidas y brindar una respuesta eficaz a las víctimas.

En representación de Nayarit, se reconoció el liderazgo de Ernestina Godoy Ramos al frente de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia y su impulso a una mayor coordinación entre la Federación y las entidades federativas.

Los acuerdos alcanzados, se señaló, deberán traducirse en acciones concretas, protocolos aplicados, investigaciones fortalecidas y mejores resultados para las víctimas y sus familias, bajo una perspectiva de derechos humanos y con las personas afectadas como eje de la actuación institucional.

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