El gobierno de México ha promovido más de 570 propuestas en el Senado para reforzar la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y la Ley General de Población: entre ellas, la integración de datos biométricos (fotografía y huellas) en la CURP, la creación de una Plataforma Única de Identidad, y una Base Nacional de Carpetas de Investigación interconectada con registros forenses.
La reforma obliga a las autoridades a activar alertas de búsqueda de inmediato y a realizar indagaciones sin esperar las tradicionales 72 horas tras una desaparición.
Además, establece multas de hasta dos millones de pesos a instituciones que no colaboren, y amplía el alcance del Sistema Nacional de Búsqueda al incluir a la Guardia Nacional y otras instancias clave.
También contempla recursos adicionales a nivel estatal, puesto que la Comisión Nacional de Búsqueda ha destinado 594 millones de pesos para apoyar a las comisiones locales.
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