El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), informó la suspensión temporal de actividades y el bloqueo de cuentas de 13 casinos —físicos y virtuales— tras detectar un complejo esquema de lavado de dinero con movimientos financieros irregulares. Las autoridades presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) y remitieron el caso a la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) por posibles delitos fiscales y omisiones en cumplimiento tributario.
La investigación, que se desarrolló durante varios meses y con cooperación internacional, reveló tres patrones recurrentes: uso intensivo de efectivo, movimientos de dinero procedente del extranjero y operaciones digitales (transferencias y plataformas de pago) para ocultar el origen de los recursos. Se detectaron operaciones inusuales por montos que alcanzaron hasta 50 millones de pesos y transferencias internacionales hacia empresas financieras tecnológicas en Estados Unidos y países europeos.
En la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo que las pesquisas cuentan con sustento legal y que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) se fortalece para trabajar de forma coordinada con el Gabinete de Seguridad y el Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, con el objetivo de impedir que recursos ilícitos fortalezcan a la delincuencia organizada. Además, dijo que la indagatoria se realiza en coordinación con unidades de inteligencia financieras de Estados Unidos y otras naciones.
El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, anunció que a partir del hallazgo iniciará una nueva fase preventiva en la que la SSPC, la UIF y la SHCP implementarán mecanismos de detección temprana, modelos predictivos basados en inteligencia artificial y nuevas tipologías sectoriales para identificar conductas inusuales antes de que dañen al sistema financiero.
La procuradora Fiscal de la Federación, Grisel Galeano García, describió el modus operandi detectado en seis pasos: el robo o uso fraudulento de identidades (a menudo de estudiantes, jubilados o amas de casa); el envío de tarjetas o códigos prepagados para apostar; la simulación de grandes ganancias que son inmediatamente transferidas al extranjero; el envío a paraísos fiscales o reinserción mediante más apuestas; y la repetición masiva del proceso para blanquear los recursos. Con estos mecanismos, dijeron las autoridades, el dinero circulaba internacionalmente antes de volver al país ya “lavado”.
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Entre los 13 casinos señalados hay establecimientos ubicados en Jalisco, Nuevo León, Sonora, Sinaloa, Chiapas, Estado de México, Ciudad de México y Baja California. Algunas empresas implicadas han negado irregularidades; una de ellas (Grupo Salinas) reconoció que dos de sus casinos están entre los señalados y rechazó las acusaciones, acusando persecución política. Las autoridades, no obstante, mantienen que la acción responde a hallazgos técnicos y jurídicos derivados de la investigación financiera.
Las carpetas de investigación y las denuncias fiscales y penales continuarán su curso ante la FGR y la PFF; las autoridades anunciaron además el bloqueo de páginas electrónicas vinculadas a casinos virtuales y el congelamiento de cuentas bancarias asociadas con operaciones irregulares, como medidas cautelares mientras avanzan las indagatorias.
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