En el Senado de la República, académicos, representantes del sector de telecomunicaciones y legisladores protagonizaron un intenso intercambio de posturas sobre el proyecto de nueva Ley de Telecomunicaciones, destacando sus posibles impactos en la inversión, la libertad de prensa, la competencia económica y los derechos de las radios comunitarias e indígenas.
Durante la tercera sesión del conversatorio organizado por la Junta de Coordinación Política y las comisiones unidas de Radio, Televisión y Cinematografía; Comunicaciones y Transportes; y Estudios Legislativos, se discutieron temas clave como la brecha digital, las concesiones de espectro, la censura y la regulación de medios digitales.
Gabriel Contreras, representante del Consejo Coordinador Empresarial, advirtió que permitir la entrega directa de concesiones al gobierno va contra la Constitución y desalienta la inversión privada. “Hay que generar condiciones de certidumbre”, subrayó.
La académica Denise Dresser calificó la iniciativa como una amenaza a la libertad de expresión y acusó al oficialismo de buscar control bajo el pretexto de combatir propaganda antiinmigrante. Señaló que la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones concentraría facultades excesivas.
Desde las radios comunitarias, Alejandro Cabral Porchas lamentó que los sectores históricamente marginados sigan relegados. Criticó que la propuesta de ley sólo contemple un financiamiento “desde el uno por ciento” y pidió que se eleve al 10 por ciento, así como trato fiscal preferencial. “Seguimos siendo los marginados de siempre”, reclamó.
En el plano internacional, Miguel Calderón, de la International Chamber of Commerce México, alertó que eliminar el principio de “neutralidad competitiva” contradice lo estipulado en tratados como el T-MEC, lo que podría detonar litigios de gran escala.
Jorge Fernando Negrete, de DPL Group, enfatizó que sin infraestructura digital no hay derechos en el entorno digital. Planteó la necesidad de atraer inversión masiva, revisar el diseño institucional y asegurar certeza jurídica.
Desde la investigación académica, Lizy Navarro, presidenta de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, propuso incluir en la ley el impacto de la inteligencia artificial en la libertad de prensa y fortalecer la alfabetización digital y mediática.
En el plano legislativo, el senador Javier Corral llamó al respeto del debate plural, mientras que Susana Harp, presidenta de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, solicitó a los expertos presentar propuestas concretas para mejorar las condiciones de las radios indígenas y afromexicanas.
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El senador Ricardo Anaya (PAN) advirtió sobre los riesgos de concentrar poder en un solo ente estatal que podría intervenir comunicaciones privadas. En contraste, el morenista Manuel Huerta defendió la reforma como parte de un cambio constitucional y no como respuesta a un caso mediático.
Legisladores del PRI y PVEM coincidieron en la necesidad de revisar la ley a la luz de tratados internacionales y de garantizar una regulación balanceada y acorde a los derechos fundamentales.
El conversatorio cerró con el compromiso de continuar el análisis técnico y jurídico de la propuesta, integrando las voces de la sociedad civil, el sector privado, la academia y las comunidades históricamente excluidas.
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