Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, comparecieron ayer ante un tribunal federal en Nueva York, donde se declararon no culpables de todos los cargos criminales que les imputa la justicia de Estados Unidos, tras su sorpresiva captura en Caracas y traslado forzado a territorio estadounidense.
La audiencia, breve pero cargada de simbolismo político y jurídico, fue presidida por el juez Alvin Hellerstein en la Corte del Distrito Sur de Nueva York y marcó el inicio formal de un proceso judicial que se anticipa largo y complejo. Durante la sesión se leyeron los cuatro cargos contra el exmandatario venezolano: conspiración para el narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos, así como conspiración para utilizar dichas armas.
Vestido con uniforme penitenciario y utilizando auriculares para la traducción simultánea, Maduro respondió en español al confirmar su identidad y negó de manera directa las acusaciones.
“Soy inocente. No soy culpable. Soy un hombre decente”, declaró ante el juez, al tiempo que calificó su detención como un acto político.
“Soy el presidente de Venezuela y me considero un prisionero de guerra. Fui capturado en mi casa en Caracas”, afirmó.
Cilia Flores también se declaró “no culpable, completamente inocente”, según consta en el registro judicial. Sus abogados solicitaron atención médica para ambos, argumentando que presentan problemas de salud derivados del operativo de captura. La defensa de Flores, encabezada por Mark Donnelly, señaló que su clienta sufrió posibles lesiones en las costillas y pidió estudios médicos especializados.
A las afueras del edificio judicial, la policía de Nueva York desplegó un operativo para mantener separados a manifestantes a favor y en contra de la intervención estadounidense en Venezuela.
La Fiscalía sostiene que Maduro lideró durante años una red dedicada al tráfico internacional de cocaína, presuntamente en coordinación con organizaciones criminales como cárteles mexicanos, la guerrilla colombiana de las FARC y grupos delictivos venezolanos.
La acusación original, presentada en 2020, fue ampliada recientemente para incluir nuevos cargos y coacusados, así como la presunta participación de Flores en labores de coordinación y logística.
De ser encontrados culpables, ambos podrían enfrentar penas de cadena perpetua. La defensa anticipó que centrará su estrategia en cuestionar la legalidad del arresto y la jurisdicción de Estados Unidos.
Barry Pollack, abogado de Maduro, calificó la captura como un “secuestro militar” y advirtió que el caso derivará en un litigio prolongado y de alto impacto internacional.
En Caracas, el Tribunal Supremo designó a Delcy Rodríguez como presidenta interina, en un contexto de emergencia y alta tensión política.
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Mientras tanto, Estados Unidos negó ante la ONU estar en guerra con Venezuela y defendió la operación como una acción de aplicación de la ley, postura que generó críticas y llamados a evitar una escalada internacional.
La audiencia de este lunes representa apenas el primer capítulo de un proceso judicial que podría sentar precedentes en materia de jurisdicción internacional, uso de la fuerza y responsabilidad penal de líderes en funciones o depuestos, con consecuencias políticas y económicas que aún están por definirse.
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