En el marco de la 52ª Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública y la 8ª Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Protección Civil, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, subrayó que la próxima implementación y armonización de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Extorsión en las 32 entidades federativas constituye un eje central para reducir y erradicar este delito, considerado una de las principales amenazas para la seguridad ciudadana.
Durante su intervención, la mandataria destacó los avances obtenidos mediante la coordinación entre los tres órdenes de gobierno. Señaló que, gracias al trabajo conjunto, se ha logrado una disminución de 37 por ciento en los homicidios dolosos, así como reducciones significativas en robos violentos. Expresó que, con el fortalecimiento de acciones contra la extorsión, “el próximo año podremos afirmar que, en México, hemos reducido de manera importante este delito”.
Sheinbaum enfatizó que la Ley General cambia el enfoque tradicional, dejando atrás la dependencia exclusiva de la denuncia ciudadana. Al tipificarse la extorsión como un delito que se persigue de oficio en México, la responsabilidad deja de recaer en las víctimas. Asimismo, subrayó que el registro telefónico será una herramienta clave para evitar el uso de dispositivos móviles como medio para extorsionar.
Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, Omar García Harfuch, hizo un balance de los primeros 14 meses del actual gobierno. Detalló la reducción de homicidios dolosos, la detención de más de 38 mil 700 personas por delitos de alto impacto, el aseguramiento de más de 20 mil armas y 311 toneladas de droga, así como el desmantelamiento de mil 700 laboratorios de metanfetaminas. En materia de combate a la extorsión, resaltó la detención de más de 600 personas relacionadas con este delito en 22 entidades del país.
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, destacó que la Estrategia Nacional de Seguridad articula los esfuerzos de 53 dependencias federales y de los tres niveles de gobierno. Recordó que, mediante programas de atención a las causas, se han desplegado Jornadas y Ferias de Paz, así como módulos de desarme que han recibido 8 mil 700 armas de fuego.
En tanto, la fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, reafirmó que el éxito de la estrategia requiere coordinación permanente con las Fiscalías estatales. Anunció un plan estructurado en seis ejes para fortalecer la investigación criminal: coordinación, fortalecimiento institucional, nuevo modelo de inteligencia, reestructuración interna, modernización de la Agencia Criminal y reorientación de recursos hacia delitos de alto impacto.
La secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, informó la aprobación unánime de 11 acuerdos orientados a consolidar la Estrategia Nacional de Seguridad. Entre ellos, instruir a gobernadoras y gobernadores a presentar ante sus Congresos locales las reformas para armonizar sus marcos jurídicos con la nueva Ley General antes del último día hábil de enero de 2026. También, se solicitó a la Fiscalía General de la República emitir un manual operativo para fiscalías especializadas en extorsión antes de febrero de 2026.
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Mandatarios estatales de Aguascalientes, Coahuila y Nuevo León reconocieron los avances obtenidos a nivel federal y su impacto en las entidades. De igual forma, el gobernador de Michoacán celebró el acuerdo para homologar el marco legal contra la extorsión en todo el país.
Finalmente, la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, presentó los resultados más relevantes de 2025, entre ellos la atención de emergencias por lluvias en cinco estados y la ejecución de dos simulacros nacionales que permitieron poner a prueba el sistema de alertamiento vía celular en todo el territorio nacional.
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