La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, firmó y envió al Congreso de la Unión la iniciativa de Ley General para prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño por el delito de feminicidio, con el objetivo de homologar en todo el país los mecanismos de investigación, fortalecer la atención a las víctimas y garantizar la cero impunidad frente a este delito.
Durante la conferencia matutina, Sheinbaum Pardo afirmó que la estrategia para erradicar el feminicidio debe sustentarse en la prevención, la educación, el reconocimiento de la igualdad entre mujeres y hombres, así como en una procuración de justicia que evite la reclasificación indebida de los casos y asegure investigaciones con perspectiva de género.
Sheinbaum destacó que la nueva legislación busca unificar los criterios de actuación de todas las fiscalías del país para impedir que los feminicidios sean catalogados como suicidios u otros delitos, además de garantizar la continuidad de las investigaciones desde su inicio hasta la ejecución de las sentencias.
La presidenta Claudia Sheinbaum recordó que su administración impulsó reformas constitucionales para incorporar la igualdad sustantiva, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y la eliminación de la brecha salarial, al tiempo que subrayó que, aunque el feminicidio registra una reducción de 36 por ciento respecto a 2021, la meta es que no exista un solo caso en México.
La consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde Luján, explicó que la iniciativa establece un tipo penal único para todo el país al definir que comete feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Asimismo, incorpora diez circunstancias para acreditar este delito, entre ellas antecedentes de violencia, agresiones sexuales, prejuicios de género y relaciones de poder asimétricas.
La propuesta contempla penas de 50 a 70 años de prisión y establece 19 agravantes que incrementarán la sanción hasta en una mitad cuando concurran circunstancias como embarazo de la víctima, discapacidad, condición de periodista, defensora de derechos humanos o migrante, así como cuando el responsable sea una persona servidora pública o existan actos de violencia extrema, incluidos ataques con ácido o sustancias inflamables.
Además de la prisión, la iniciativa prevé la pérdida de derechos sucesorios, patria potestad, tutela, guarda y custodia, así como la destitución e inhabilitación para ocupar cargos públicos. También elimina beneficios como amnistías, conmutación de penas, libertad condicionada y criterios de oportunidad, al establecer que tanto el delito como la reparación integral del daño serán imprescriptibles.
La titular de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, Maribel Bojorges Beltrán, señaló que la iniciativa obliga a realizar investigaciones con perspectiva de género, debida diligencia reforzada, preservación adecuada de indicios y coordinación permanente entre las instituciones de seguridad y procuración de justicia, además de garantizar que la fiscalía especializada acompañe el caso durante todas las etapas del proceso penal.
Por su parte, la subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias de la Secretaría de las Mujeres, Ingrid Gómez Saracibar, informó que la legislación fortalece los derechos de las víctimas directas e indirectas mediante acceso a la verdad, atención médica y psicológica, asistencia jurídica gratuita, apoyo integral para niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad por feminicidio, restitución digna de los cuerpos y servicios de traducción e interpretación.
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La iniciativa también establece la creación del Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes en Orfandad por Feminicidio, campañas nacionales de prevención, grupos técnicos especializados, actualización permanente de los registros nacionales y Planes Integrales de Protección para víctimas sobrevivientes, bajo la coordinación del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia.
Finalmente, el Gobierno de México recordó que actualmente opera una red nacional de atención integrada por mil Centros LIBRES, 85 Centros de Justicia para las Mujeres, 99 espacios de refugio, la Línea 079 opción 1 y más de mil 200 abogadas especializadas para brindar acompañamiento y protección a mujeres en situación de violencia.
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