Con el objetivo de garantizar traslados seguros para mujeres y personas usuarias del transporte público y privado en México, diputadas del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano (MC) presentaron una iniciativa para reformar la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, incorporando medidas específicas para prevenir, atender y erradicar la violencia sexual en los sistemas de transporte.
La propuesta legislativa, encabezada por la diputada Laura Irais Ballesteros Mancilla y respaldada por sus compañeras de bancada Anayeli Muñoz Moreno, Irais Virginia Reyes De la Torre, Laura Hernández García, Paola Michell Longoria López y Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, plantea modificaciones a los artículos 1, 7 y 11 de la ley vigente.
Entre los puntos centrales de la iniciativa destaca la facultad del Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad Vial para emitir, promover y fortalecer protocolos, lineamientos y manuales enfocados en la erradicación de la violencia sexual en el transporte de pasajeros, tanto público como privado. Estas acciones deberán coordinarse con autoridades competentes y empresas del sector para establecer condiciones de movilidad libres de violencia.
El documento también propone reconocer legalmente a los servicios de movilidad privados como una extensión del transporte público, un paso relevante en la integración de políticas públicas más incluyentes y efectivas.
La iniciativa pone énfasis en que *la movilidad en el país se ha convertido en una célula de violencia, especialmente para las mujeres jóvenes, quienes presentan los índices más altos de violencia sexual en el transporte y en espacios públicos. Señala además que, a diferencia de los hombres, cuyas rutas de traslado tienden a ser más directas, *la movilidad femenina es más fragmentada y compleja, debido a las múltiples responsabilidades de cuidado que recaen tradicionalmente en ellas.
Datos contenidos en el documento revelan que las principales usuarias del transporte público son *empleadas (41.1 %), *estudiantes (30.8 %) y amas de casa (13.6 %), lo que refuerza la urgencia de atender esta problemática desde una perspectiva de género.
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El sector del transporte, dominado históricamente por hombres, ha excluido durante décadas las voces y necesidades de las mujeres en el diseño de políticas y estrategias de movilidad. Esta falta de representación ha generado sistemas inseguros y poco eficientes para una gran parte de la población.
En ese sentido, la iniciativa turnada a la Comisión de Movilidad no solo busca visibilizar esta realidad, sino impulsar un cambio estructural que permita la implementación obligatoria de protocolos preventivos y de atención, y con ello, avanzar hacia un modelo de movilidad incluyente, seguro y justo para todas las personas.
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