La senadora mexiquense Mariela Gutiérrez Escalante planteó una reforma al artículo 49 de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial para combatir la alteración y ocultamiento deliberado de placas vehiculares, una práctica que, de acuerdo con la legisladora, puede facilitar desde la evasión de multas hasta la impunidad después de cometer un delito.
La iniciativa, presentada en el Senado, pretende establecer un criterio mínimo aplicable en todo el país para diferenciar entre un vehículo cuya matrícula no es visible por descuido o desgaste natural y aquellos casos en los que el conductor deliberadamente utiliza mecanismos para impedir su identificación. El Sistema de Información Legislativa registra la propuesta y señala que fue publicada en la Gaceta Parlamentaria el 9 de septiembre de 2026.
Gutiérrez Escalante sostuvo que cada vez existen más formas de volver prácticamente invisibles las matrículas, desde cintas adhesivas, micas oscuras y materiales reflejantes, hasta alteraciones de números y letras o dispositivos capaces de ocultar o voltear las placas.
Para la senadora, estas acciones no pueden considerarse simples descuidos cuando existe una intención expresa de impedir que el vehículo sea identificado por las autoridades.
La legisladora mexiquense advirtió que una placa ilegible puede permitir a un automovilista evadir fotomultas, invadir carriles exclusivos del transporte público o exceder los límites de velocidad sin que los sistemas de vigilancia puedan registrar correctamente la matrícula.
Pero el problema, señaló, adquiere otra dimensión cuando un automóvil es utilizado para cometer delitos o para escapar después de un atropellamiento, robo, extorsión u otro hecho ilícito.
Busca proteger la cadena de justicia
Gutiérrez Escalante argumentó que las inversiones realizadas por los gobiernos en cámaras, arcos carreteros y sistemas de vigilancia pierden efectividad cuando las matrículas no pueden ser identificadas.
La senadora ha planteado anteriormente que la alteración de placas constituye un problema que rebasa la seguridad vial y tiene implicaciones en materia de seguridad pública. En enero pasado ya había anunciado su intención de impulsar mayores sanciones para quienes modificaran u ocultaran las matrículas con el propósito de evadir infracciones o dificultar su identificación.
Como parte de sus argumentos, recordó que en la Zona Metropolitana de Guadalajara se registraron más de 7 mil apercibimientos durante el primer semestre de 2025 debido a que las cámaras no podían leer correctamente las placas, según datos citados por la propia legisladora.
Tres reglas para distinguir descuido y dolo
La propuesta contempla obligaciones diferenciadas para los propietarios y conductores.
En primer lugar, establece que las placas y el engomado deben mantenerse limpios y perfectamente legibles. Si un portabicicletas o portaequipaje obstruye la matrícula, el conductor tendría que colocar la placa en la parte exterior del aditamento.
También se plantea que, cuando una matrícula presente deterioro ocasionado por el paso del tiempo o las condiciones climáticas, el propietario tenga la obligación de renovarla ante la autoridad correspondiente.
El segundo punto busca prohibir expresamente las modificaciones deliberadas para ocultar la identificación del vehículo, incluyendo micas oscuras, cintas adhesivas, alteraciones de números o letras y dispositivos destinados a esconder o cambiar de posición la placa.
La tercera medida establece una diferencia entre una omisión y una conducta intencional.
Cuando se trate de una primera falta derivada de suciedad o desgaste natural, la iniciativa contempla que se aplique la sanción correspondiente y que el aseguramiento del vehículo proceda ante una eventual reincidencia.
En cambio, cuando exista una conducta deliberada para ocultar la matrícula mediante cintas, dispositivos u otros mecanismos, la propuesta plantea el retiro inmediato de circulación y la remisión del automóvil al depósito vehicular desde la primera ocasión.
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También contempla al transporte público
La iniciativa incluye disposiciones específicas para el transporte público. En caso de que un operador altere u oculte deliberadamente las placas de su unidad, se plantea como consecuencia el retiro o la revocación definitiva de la concesión o permiso.
Con esta reforma, Mariela Gutiérrez Escalante busca que la identificación vehicular deje de ser un elemento fácilmente evadible y se convierta en una obligación efectiva para quienes circulan por las calles y carreteras del país.
La propuesta aún deberá seguir el proceso legislativo correspondiente en comisiones antes de determinarse su eventual aprobación y entrada en vigor.
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