La práctica de la prisión preventiva oficiosa está generando una crisis penitenciaria en México: el número de personas recluidas sin sentencia debido a la aplicación automática de esta medida ha crecido de 8 875 a 26 955, triplicando la población penitenciaria sin juicio en apenas un año, y provocando que 94 de los 210 penales principales estén sobrepoblados.
Pese a las advertencias de organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ordena eliminar esta figura al considerarla violatoria de derechos fundamentales como la presunción de inocencia y el debido proceso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aún pospone la discusión del tema.
La decisión quedó en manos de los nuevos ministros, cuya integración está prevista para septiembre.
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