- La iniciativa del diputado Tecutli Gómez Villalobos busca reformar la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal para garantizar sustentabilidad, transparencia y respeto a comunidades.
Con el objetivo de armonizar el desarrollo de infraestructura carretera con los principios de sustentabilidad y justicia ambiental, el diputado Tecutli José Guadalupe Gómez Villalobos, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó una iniciativa para reformar la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.
La propuesta plantea adicionar una fracción V al artículo 5 de dicha Ley, a fin de establecer como obligación legal que todos los proyectos, obras y servicios relacionados con caminos, puentes y autotransporte federal respeten criterios de sustentabilidad, minimización del impacto ambiental y protección de comunidades y ecosistemas.
En consecuencia, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) tendría la responsabilidad expresa de supervisar, regular y garantizar el cumplimiento de estos principios, en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).
El documento —turnado a la Comisión de Comunicaciones y Transportes para su análisis— reconoce que, aunque la infraestructura carretera ha sido clave para el crecimiento económico y la conectividad del país, su desarrollo también ha provocado afectaciones severas: fragmentación de ecosistemas, contaminación y desplazamiento de comunidades.
El legislador señala que esta iniciativa representa una oportunidad para actualizar el marco legal, que actualmente no contempla de forma explícita la incorporación de criterios ambientales en la planeación, construcción, mantenimiento y operación de infraestructura federal. Esta omisión, advierte, constituye un rezago frente a los estándares contemporáneos de desarrollo sostenible.
Entre los objetivos de la reforma, destaca el impulso a la participación ciudadana, la transparencia en la gestión de proyectos carreteros y la rendición de cuentas por parte tanto de autoridades como de concesionarios. Asimismo, busca garantizar que las obras públicas se realicen bajo una visión integral, considerando no solo beneficios económicos sino también los impactos sociales y ecológicos.
Te recomendamos: México recibe 5.6 millones de cruceristas en el primer semestre de 2025, con crecimiento de 8.4 por ciento interanual
Gómez Villalobos subraya que esta modificación legal también fortalecería los compromisos internacionales asumidos por México, como el Acuerdo de París, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el Convenio sobre la Diversidad Biológica, al establecer la obligación de someter los proyectos de infraestructura a rigurosas evaluaciones de impacto ambiental y aplicar medidas efectivas de mitigación.
Con esta iniciativa, se apuesta por una infraestructura moderna, segura, socialmente justa y ambientalmente responsable, en consonancia con las exigencias del siglo XXI y el bienestar de las generaciones presentes y futuras.
Más historias
Armando Quintero fortalece el municipalismo desde Gobernación
Pável Jarero destaca aprobación histórica en el Senado de la jornada laboral de 40 horas
México confirma 28 muertes por sarampión