La diputada federal Ana Isabel González González (PRI) presentó una iniciativa para prohibir los procedimientos quirúrgicos estéticos o plásticos en personas menores de edad, salvo en casos específicos de cirugías reconstructivas derivadas de malformaciones congénitas, traumatismos, quemaduras o condiciones médicas que comprometan la funcionalidad física o emocional del paciente.
La propuesta plantea que cualquier intervención permitida deberá contar con un dictamen médico multidisciplinario que justifique plenamente su necesidad.
Este dictamen deberá ser emitido por un cirujano plástico certificado por el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, así como por un médico pediatra o general y un psicólogo clínico infantil, con el fin de garantizar una evaluación integral del menor.
Asimismo, la legisladora subrayó que estos procedimientos deberán contar con el consentimiento informado por escrito de ambos padres o del tutor legal, como una medida indispensable para proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes. Advirtió que, sin un marco legal claro, existe el riesgo de que los menores sean manipulados por intereses comerciales que priorizan el lucro por encima de su bienestar.
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En este contexto, González González destacó la importancia de establecer normativas que aseguren decisiones informadas, responsables y éticamente sustentadas, siempre con el respaldo de profesionales de la salud y las familias. Recalcó que cualquier intervención en el cuerpo de un menor debe responder a criterios médicos sólidos y no a presiones sociales o estéticas.
La diputada enfatizó también que la responsabilidad médica en estos casos no puede ser minimizada. Señaló que un profesional de la salud que opere a un menor sin una indicación terapéutica clara no solo pone en riesgo la salud física y emocional del paciente, sino que incurre en una falta ética grave.
Finalmente, recordó que, aunque la Sociedad Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva reportó en 2017 más de un millón de procedimientos realizados en jóvenes, actualmente no existen cifras actualizadas que permitan dimensionar la situación real en 2025, lo que refuerza la urgencia de legislar en la materia.
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