La diputada Noemí Luna Ayala, coordinadora del Grupo Parlamentario del PAN, advirtió que la reforma al Poder Judicial promovida por el Ejecutivo Federal no garantiza justicia y abre paso a la violación de los derechos humanos, al tiempo que no asigna recursos para mejorar el acceso a la justicia. La elección por voto directo de ministros, jueces y magistrados, argumentó, sería manipulada por el gobierno y Morena.
En un comunicado, Luna Ayala señaló que, tras un estudio realizado por su fracción parlamentaria, se concluyó que la actual construcción de la reforma judicial abre la puerta a la injerencia del crimen organizado. El análisis, compuesto por 39 puntos, examina las implicaciones formales, materiales, políticas y económicas del dictamen aprobado recientemente por la mayoría de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados.
El estudio también destaca que la reforma debilita la confianza jurídica y competitiva de México a nivel internacional. Luna Ayala detalló que la medida generaría un estado de indefensión para el personal de apoyo del Poder Judicial, como secretarios y oficiales judiciales, quienes serían evaluados según su afinidad ideológica en lugar de sus conocimientos y resultados.
La diputada añadió que esta transformación no asegura mayor legitimidad ni calidad en las decisiones judiciales, ya que las personas juzgadoras responderían a intereses gubernamentales en lugar de proteger los derechos y libertades de los ciudadanos. Señaló que los más vulnerables quedarían en total indefensión, mientras que quienes tengan más poder económico podrían influir en los fallos.
El documento también denuncia que la reforma viola el principio constitucional de la división de poderes y no asigna presupuesto a las instituciones locales de justicia, lo cual agrava los problemas de impartición de justicia a nivel local, muchas veces por la complicidad o incapacidad de las autoridades.
La falta de jueces en México es otro punto crítico; Luna Ayala subrayó que el país cuenta con solo 4.4 jueces por cada 100 mil habitantes, frente a los 65 jueces recomendados por la OCDE. La diputada advirtió que habrá mayores violaciones a los derechos humanos, ya que se beneficiará a personas cercanas al poder político y a la delincuencia organizada.
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Desde una perspectiva económica, el PAN alertó que la reforma podría desatar controversias internacionales en el marco del T-MEC debido a fallos contrarios al Estado de derecho. Además, la falta de un Poder Judicial imparcial y transparente podría poner en riesgo la seguridad jurídica de los inversionistas.
Finalmente, Luna Ayala advirtió que la reforma rompe los equilibrios y contrapesos propios de la división de poderes, facilitando la injerencia del Ejecutivo sobre el Judicial y propiciando un clima de impunidad. Esto, señaló, podría endurecer las posiciones del gobierno y Morena, y dificultar los consensos republicanos necesarios para la gobernabilidad del país.
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