A través de la Secretaría del Campo (SeCampo), el Gobierno del Estado de México fortaleció la atención jurídica a ejidos y comunidades agrarias al concretar, en lo que va de la presente administración, 2 mil 700 asesorías legales y resolver 423 trámites ejidales y comunales, como parte de la estrategia para agilizar la regularización de la propiedad social y atender rezagos históricos en la materia.
Estas acciones se han desarrollado mediante la participación en 286 ediciones de las Caravanas Itinerantes por la Justicia Social, programa impulsado por la Consejería Jurídica que acerca servicios legales a la población y facilita los procedimientos ante la Procuraduría Agraria.
Además del acompañamiento jurídico, SeCampo brinda capacitación gratuita a ejidos, comunidades y personas con derechos sobre la tierra, así como apoyo en la gestión de constancias de vigencia de derechos, lo que permite reducir tiempos de atención y costos en trámites realizados ante el Registro Agrario Nacional (RAN) y el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS).
Durante el Primer Encuentro Estatal de Centros de Atención de la Procuraduría Agraria, realizado en Zinacantepec, la titular de la SeCampo, María Eugenia Rojano Valdés, afirmó que la administración encabezada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez mantiene el compromiso de rescatar, defender y revalorizar la propiedad social mediante una coordinación permanente con el Gobierno de México y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
La funcionaria destacó que, a partir de la actual administración estatal, la Secretaría del Campo incorporó entre sus atribuciones el acompañamiento jurídico para la resolución de conflictos agrarios, con el propósito de atender problemáticas que durante años permanecieron sin solución y brindar mayor certeza a los propietarios de la tierra.
Asimismo, reconoció el fortalecimiento institucional de la Procuraduría Agraria en el Estado de México, al ampliar su presencia territorial de seis oficinas permanentes a 43 centros de atención, lo que permite acercar los servicios a un mayor número de núcleos agrarios.
Por su parte, el procurador agrario, Víctor Suárez Cabrera, señaló que la transformación de la institución busca sustituir el antiguo modelo de abandono y privatización por una política de cercanía con las comunidades, sustentada en los principios de honestidad, servicio y atención directa a los sujetos agrarios.
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Al encuentro asistieron representantes de los tres órdenes de gobierno, entre ellos autoridades de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), del Registro Agrario Nacional, de Probosque, así como representantes municipales de Soyaniquilpan, Temoaya y San Felipe del Progreso.
Con estas acciones, el Gobierno del Estado de México busca consolidar una política pública orientada a fortalecer la seguridad jurídica de la propiedad social, facilitar el acceso a la justicia agraria y garantizar mejores condiciones para el desarrollo de las comunidades rurales de la entidad.
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