La defensa de la seguridad nacional no debe convertirse en un argumento para vulnerar los derechos humanos de las personas migrantes, coincidieron especialistas, legisladores y representantes de organismos civiles durante el foro “Retos y Perspectivas de la Migración con los Estados Unidos de Norteamérica”, realizado en el Senado de la República.
Durante el encuentro, las y los participantes señalaron la necesidad de fortalecer una política migratoria basada en el respeto a la dignidad humana, la cooperación bilateral y la atención de las causas estructurales que originan la migración, al tiempo que respaldaron la postura del Estado mexicano de exigir el respeto a las garantías individuales de los connacionales frente a los operativos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos.
La senadora con licencia Beatriz Silvia Robles Gutiérrez sostuvo que ninguna medida administrativa puede justificar la deshumanización de las personas migrantes y consideró que el retorno de mexicanos desde Estados Unidos no disminuye su dignidad ni borra el esfuerzo realizado durante años de trabajo fuera del país.
La legisladora afirmó que México tiene la responsabilidad de recibir a sus connacionales con políticas que les permitan reconstruir su proyecto de vida mediante condiciones de bienestar, inclusión y certeza jurídica, al reconocer que forman parte esencial del desarrollo nacional.
Por su parte, Víctor Hugo Gutiérrez Yáñez, comisionado para América Latina y el Caribe de la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas (CIDHPDA), señaló que el fenómeno migratorio no puede analizarse únicamente desde la óptica de la seguridad nacional, sino que requiere una estrategia conjunta entre México y Estados Unidos orientada al desarrollo regional y a la corresponsabilidad.
Explicó que factores como la pobreza, la violencia, la falta de oportunidades laborales, la debilidad institucional y las limitadas opciones educativas continúan impulsando los flujos migratorios, por lo que insistió en la necesidad de atender dichas causas de manera integral.

Asimismo, hizo un llamado al Senado de la República para impulsar una legislación migratoria alineada con la Constitución mexicana y los tratados internacionales en materia de derechos humanos, con el objetivo de consolidar una política de Estado que trascienda los cambios de gobierno y los ciclos electorales.
Durante el foro, Juan Maldonado Vargas, víctima de violaciones a derechos humanos por parte del Estado chileno, consideró que aún prevalece una visión que deja de reconocer a las personas migrantes como sujetos plenos de derechos, lo que dificulta la aplicación efectiva de los mecanismos legales de protección.
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En ese sentido, planteó como una de las principales áreas de oportunidad el fortalecimiento de la protección consular y de los servicios de asesoría jurídica que brindan las representaciones diplomáticas mexicanas en Estados Unidos.
A su vez, Manuel Guzmán García, comisionado presidente de la CIDHPDA en Oaxaca, explicó que en diversas comunidades rurales la migración también está asociada a conflictos agrarios, disputas por la posesión de tierras y la presencia de grupos delictivos que aprovechan esas condiciones para ampliar su influencia en las regiones.
Como parte de las actividades del foro también se proyectó el cortometraje Behind the Walls, del cineasta independiente Luis Fernando Palatto, producción basada en un caso real que expone las presiones ejercidas por autoridades estadounidenses para que migrantes mexicanos denuncien a otros connacionales a cambio de incentivos económicos.
Las reflexiones expuestas durante el encuentro coincidieron en la necesidad de consolidar políticas migratorias centradas en la protección de los derechos humanos, el fortalecimiento institucional y la cooperación internacional para atender uno de los principales desafíos compartidos entre México y Estados Unidos.

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