La presidenta Claudia Sheinbaum remitió al Congreso una reforma constitucional al artículo 73 para facultar a la Federación a expedir una ley general contra la extorsión, con el propósito de homologar penas y sanciones en todo el país, ya que actualmente existen marcadas disparidades entre los códigos estatales.
En su exposición de motivos, Sheinbaum reconoció que la extorsión es un delito de alto impacto, cuya incidencia ha crecido y cuya investigación ha resultado fragmentada por la falta de uniformidad normativa.
Mientras que la penalidad federal alcanza de 2 a 8 años de prisión, en estados como Oaxaca va de 1 a 3 años y en Chihuahua de 5 a 30, y las multas varían desde 36 mil hasta casi 700 mil pesos según la entidad.
La iniciativa, que ya fue recibida por la Comisión Permanente del Congreso y será analizada en comisiones, establece un plazo de 180 días para que se expida la legislación secundaria correspondiente en cada estado.
Encuestas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad muestran que entre 2022 y 2024 se registraron alrededor de 10 800 víctimas anuales, con un promedio diario de 29.77 casos en enero de 2025, cifra que representa un alza del 57 % en seis años.
La propuesta busca también definir modalidades comunes del delito —como extorsión telefónica, digital o presencial—, protocolos de actuación para fiscalías y policía, y mecanismos integrales de denuncia, atención a víctimas y reparación del daño.
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