La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo firmó un decreto para fortalecer la transparencia en las entidades del Gobierno de México y garantizar el acceso de la ciudadanía a la información pública, mediante una serie de medidas que buscan ampliar y facilitar la consulta de datos gubernamentales a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).
Durante la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”, Claudia Sheinbaum explicó que el decreto establece lineamientos específicos para determinar qué información debe hacerse pública y cuáles son los casos en que puede reservarse por razones de seguridad nacional o debido a que forma parte de procedimientos judiciales o administrativos.
Sheinbaum Pardo subrayó que la determinación sobre la publicidad de la información ya no quedará al criterio individual de servidores públicos, secretarías o directivos de instituciones gubernamentales. Como parte de las nuevas disposiciones, se prevé que la Plataforma Nacional de Transparencia sea fortalecida en un plazo de un mes y que los contratos públicos sean dados a conocer de manera mensual.
La presidenta Sheinbaum sostuvo que las actividades gubernamentales y el ejercicio de los recursos públicos deben sujetarse al principio de máxima publicidad, conforme a lo establecido en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reconoce el carácter público de la información en posesión de las autoridades y de quienes ejercen recursos públicos.
Por su parte, la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, explicó que el decreto busca que las instituciones publiquen información adicional de interés público, incluso más allá de las obligaciones establecidas en la legislación vigente.
Entre las acciones emprendidas se encuentra la estabilización de la Plataforma Nacional de Transparencia, además de la incorporación de herramientas para facilitar la descarga de información y formatos más accesibles para su consulta. La funcionaria informó que, en un plazo máximo de 30 días hábiles, se incorporará información adicional de interés público y se fortalecerán los contenidos disponibles.
El decreto contempla cuatro áreas prioritarias. En materia de contrataciones públicas, se establece que todos los contratos deberán publicarse mensualmente. Para las filiales de Pemex y CFE, se prevé la difusión de información relevante, incluidos informes presentados ante agencias extranjeras, estados financieros, gobierno corporativo, políticas de operación y contratos.
En fiscalización y auditorías, se publicará información adicional relacionada con el Programa Anual de Fiscalización, el estado que guardan las auditorías y el seguimiento de observaciones realizadas por los órganos internos de control, además del padrón y la designación de despachos auditores externos.
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La estrategia también contempla una invitación a estados, municipios y otros poderes públicos para que se incorporen a estas medidas y contribuyan a una actuación gubernamental más oportuna y transparente.
Buenrostro Sánchez añadió que se simplificarán las 17 reservas de información relacionadas con interés público y seguridad nacional, con el propósito de privilegiar que, cuando corresponda, la información reservada pueda difundirse mediante versiones públicas.
Las acciones establecidas en el decreto serán complementadas con otras iniciativas que el Gobierno de México integra, junto con la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, para incorporarlas a la propuesta de una nueva Ley General de Transparencia.
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