La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) emitió un comunicado urgente alertando sobre el resurgimiento de mecanismos de censura en varios estados de México, implementados a través de decisiones judiciales sin precedentes, reformas penales vagas y presiones institucionales contra medios independientes.
En Campeche, un tribunal local prohibió al periodista Jorge Luis González Valdez mencionar a la gobernadora Layda Sansores y ordenó al diario Tribuna Campeche someter su contenido a revisión previa por un interventor judicial, lo que la SIP calificó como un claro caso de censura previa.
En Puebla, se aprobó una reforma penal que introduce el delito de “violencia digital”, penalizando con prisión publicaciones que “afecten la dignidad” de una persona; su redacción amplia y ambigua podría criminalizar críticas legítimas a funcionarios públicos.
En la Ciudad de México, el INE exigió a La Silla Rota entregar documentos, videos y fuentes de una investigación sobre presuntos “acordeones” electorales, bajo amenazas de multas de hasta 11 millones de pesos, lo que medios han denunciado como presión institucional contra el secreto profesional y la protección de fuentes.
La SIP advirtió que estos casos no son aislados, sino indicativos de un entorno cada vez más hostil a la prensa y la libertad de expresión en México. José Roberto Dutriz, presidente de la SIP, calificó la situación como una amenaza institucional sistémica, mientras Martha Ramos enfatizó que estos mecanismos sientan precedentes graves de normalización del silencio institucionalizado.
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