El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó su primera ley desde que regresó al poder, la cual endurece las deportaciones de migrantes indocumentados, incluso por delitos menores. La medida, aprobada con apoyo republicano y algunos demócratas, ha generado controversia entre activistas de derechos humanos.
Trump rubricó la legislación en la Casa Blanca ante un centenar de invitados, incluyendo familiares de Laken Riley, una joven asesinada por un migrante indocumentado.
“Estados Unidos nunca olvidará a Laken Riley”, afirmó el mandatario, subrayando que el agresor, José Ibarra, un venezolano en situación irregular, debió ser deportado antes del crimen.
La ley amplía las facultades del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) para detener a migrantes con antecedentes, endureciendo la política migratoria de EE.UU. Además, permite a los fiscales generales estatales intervenir en decisiones migratorias federales y restringir visas a ciudadanos de países que rechacen deportaciones.
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Grupos de derechos civiles han criticado la medida, argumentando que podría desencadenar redadas masivas y eliminar el debido proceso para acusados de delitos no violentos.
Se estima que el Gobierno necesitará más de 3 mil millones de dólares y ampliar la capacidad de detención para aplicar la norma.
Trump ha prometido que esta ley es solo el inicio de su política de deportaciones masivas, asegurando que su administración tomará medidas más estrictas para reforzar el control migratorio.
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