Con la instalación del Comité del Subsistema de Transparencia del Estado de Yucatán, la entidad dio un paso firme para fortalecer sus mecanismos de apertura institucional, facilitar el acceso a la información pública y garantizar el adecuado manejo de datos personales, con el objetivo de consolidar la confianza ciudadana.
A través de un comunicado, el director general de Transparencia del Estado de Yucatán, Eduardo López Farías, destacó que este órgano colegiado representa un avance significativo en la defensa del derecho ciudadano a saber.

“Este Comité contribuye a que la ciudadanía ejerza plenamente su derecho de acceso a la información, conforme a la Ley General y la Ley Estatal de Transparencia”, afirmó.
Durante la sesión realizada en la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, el titular de la dependencia y presidente del Comité, Oscar Adán Valencia Domínguez, señaló que la transparencia debe asumirse como una práctica cotidiana dentro de la administración pública, al mejorar la gestión gubernamental, elevar la calidad de los servicios y prevenir conductas que afecten la integridad institucional.
Por su parte, López Farías subrayó que la coordinación entre instituciones será clave para garantizar que la información pública sea útil, pertinente y accesible para todas las personas.
“Garantizaremos que la información esté disponible, sea clara, actualizada y fácil de consultar, para que la población conozca cómo se toman decisiones y cómo se utilizan los recursos públicos”, puntualizó.
El funcionario también resaltó que el trabajo conjunto permitirá fortalecer las políticas internas en materia de publicación de información, atención de solicitudes, evaluación de prácticas de apertura y protección de datos personales.

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Esta articulación, dijo, favorecerá un entorno “más abierto, colaborativo y accesible para la ciudadanía yucateca”.
Como parte de la instalación del Comité, se confirmó la participación del Tribunal de Disciplina Judicial, los Órganos Internos de Control del Congreso del Estado y de organismos constitucionalmente autónomos, así como representantes de los municipios de Mérida, Motul, Tizimín, Valladolid e Izamal, quienes se integran formalmente a este nuevo órgano de coordinación estatal.

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