La Comisión Permanente del Congreso de la Unión turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados la iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que propone reformar el inciso a) de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política, con el objetivo de combatir de manera más eficaz el delito de extorsión en el país.
La iniciativa fue remitida el pasado 10 de julio, en cumplimiento del artículo 78, fracción III de la Constitución, y con fundamento en las Reglas Básicas para el Funcionamiento de la Comisión Permanente y el Reglamento del Senado.
De acuerdo con el oficio de la Secretaría de Gobernación, la iniciativa de reforma busca otorgar al Congreso de la Unión facultades constitucionales para expedir una legislación general que homologue el tipo penal de extorsión y sus sanciones, a fin de atender una problemática considerada de alto impacto en el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 y en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030.
Entre los objetivos de la reforma destacan: establecer políticas preventivas coordinadas entre los tres niveles de gobierno; implementar el uso de tecnologías, sistemas e inteligencia informática para la investigación del delito; y definir atribuciones comunes entre las instituciones del gabinete de seguridad para su prevención, persecución y sanción.
Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el delito de extorsión ha mantenido cifras preocupantes: en 2022, 2023 y 2024 se reportaron 11,039, 10,950 y 10,804 víctimas, respectivamente. Tan solo en enero de 2025 se registró un promedio diario de 29.77 casos, lo que representa un incremento del 57.62% respecto al promedio diario de 2018.
Además, los estados de México, Guanajuato, Veracruz y Nuevo León concentran el 61.8% de las víctimas registradas en 2024 y enero de 2025, siendo el Estado de México el más afectado, con un 33.1% del total.
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La iniciativa también subraya la falta de homologación en las penas como uno de los principales obstáculos para un combate eficaz del delito. Mientras el Código Penal Federal establece penas de 2 a 8 años, en Oaxaca la penalidad es de 1 a 3 años y en Chihuahua puede ir de 5 a 30 años, lo que refleja una disparidad considerable que debilita la acción del Estado.
Con esta reforma, se pretende sentar las bases para una política criminal unificada que permita enfrentar con mayor efectividad uno de los delitos más graves y extendidos del país.
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