El Gobierno del Estado de México, a través de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, envió al Congreso estatal una iniciativa de reforma al Código Penal local que busca sancionar el acoso sexual desde la primera denuncia y endurecer las penas para los reincidentes.
La propuesta elimina la exigencia de reincidencia para iniciar sanciones por acoso, ampliando la aplicabilidad de la norma a cualquier espacio y añade agravantes cuando la conducta se aproveche de la vulnerabilidad de la víctima. En esos casos, las penas podrían incrementarse significativamente.
De forma inédita, la iniciativa incluye un nuevo tipo penal para servidores públicos —como policías o ministerios públicos— que se nieguen a recibir denuncias, intimiden o disuadan a víctimas.
Las penas propuestas para estos casos oscilan entre dos y seis años de prisión, además de la destitución e inhabilitación para ocupar cargos públicos por un periodo equivalente.
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