Con el objetivo de atender las causas estructurales de la violencia, el Gobierno del Estado de México, encabezado por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, impulsa una Estrategia Integral para la Regularización de Centros de Rehabilitación Contra las Adicciones, particularmente en los espacios conocidos como “anexos”.
La iniciativa, coordinada desde la Mesa de Paz estatal, busca garantizar que las familias mexiquenses cuenten con espacios adecuados, seguros y regulados para la atención de personas con problemas de consumo de sustancias, mediante acciones conjuntas de los tres órdenes de gobierno.
La estrategia contempla procesos de verificación, regularización y certificación de los centros, así como el cumplimiento de normativas sanitarias y de protección civil, además de la prevención de posibles conductas delictivas en estos espacios. El enfoque, señalaron autoridades, integra dimensiones de salud pública y seguridad.
En estas acciones participan diversas instancias, entre ellas la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de México (COPRISEM), la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas (COBUPEM), Protección Civil y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México (DIFEM).
Como parte de la implementación, entre el 13 y el 20 de marzo se realizaron inspecciones en 94 centros de rehabilitación, con la colaboración de autoridades federales como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como de fuerzas de seguridad estatales y municipales.


Derivado de estas revisiones, fueron asegurados 53 inmuebles con presuntas irregularidades, ubicados principalmente en los municipios de Ecatepec y Naucalpan. Las intervenciones se concentraron en centros donde los pacientes eran internados, excluyendo aquellos de carácter voluntario como los grupos de ayuda mutua.
En cuanto a la situación de las personas albergadas, de un total de mil 599 internos, mil 518 fueron reintegrados a sus redes familiares, mientras que 80 fueron canalizados a centros que operan conforme a la normatividad vigente. Solo un caso solicitó su salida voluntaria.
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El gobierno estatal informó que se realizará un análisis integral del estatus jurídico y operativo de los centros asegurados, con el fin de definir rutas de regularización y dar seguimiento al cumplimiento de obligaciones por parte de los responsables.
Asimismo, se establecerán mecanismos de vinculación con centros que aún no han sido inspeccionados y carecen de certificaciones, con el propósito de facilitar su incorporación a los estándares requeridos.
La gobernadora Delfina Gómez Álvarez subrayó que esta estrategia no solo fortalece la calidad de los servicios en materia de salud mental y tratamiento de adicciones, sino que también contribuye a una política integral de seguridad al atender factores que inciden en la violencia.

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