La administración federal contempla una inversión de 647 mil 832 millones de pesos para el Programa de Infraestructura Carretera durante el sexenio, con el objetivo de intervenir 11 mil 366 kilómetros de caminos, carreteras, puentes y autopistas en distintas regiones del país.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que la estrategia busca mejorar la comunicación entre comunidades, impulsar el desarrollo regional y contribuir al bienestar mediante la construcción y rehabilitación de infraestructura. De acuerdo con el balance presentado por el Gobierno de México, hasta ahora han sido concluidos mil 796 kilómetros, equivalentes a 15 por ciento del total proyectado, mientras que otros 4 mil 223 kilómetros se encuentran en ejecución.
Durante la conferencia matutina, Sheinbaum explicó que el programa combina recursos públicos con esquemas de inversión privada, sin recurrir a concesiones carreteras. Bajo este modelo, el Estado mantiene la propiedad y los derechos sobre las vías, mientras el sector privado participa en el financiamiento y asume determinados riesgos.
La presidenta destacó que estos mecanismos de inversión, utilizados durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, serán ampliados para impulsar la construcción de caminos, generar empleo y fortalecer la obra pública.
A la inversión destinada específicamente al Programa de Infraestructura Carretera se suman 50 mil millones de pesos previstos para 2026 para el MegaBachetón, estrategia enfocada en la rehabilitación de la Red Federal de Carreteras.
El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, detalló que el programa federal se estructura en cuatro grandes ejes. El primero corresponde a Caminos Prioritarios, que contempla una inversión de 154 mil 616 millones de pesos para construir 3 mil 161 kilómetros. Actualmente se intervienen 11 caminos: dos ya fueron concluidos, con 407 kilómetros; ocho se encuentran en ejecución, con mil 113 kilómetros, y uno está por iniciar. Entre 2027 y 2029 se prevé agregar mil 637 kilómetros.
El segundo eje corresponde a Puentes y Distribuidores, con una inversión de 25 mil 134 millones de pesos para intervenir 47.6 kilómetros. De los 24 puentes considerados, 10 ya fueron concluidos, 11 están en proceso, uno comenzará este año y dos más iniciarán en 2027.
En materia de Autopistas, el programa contempla 100 mil 631 millones de pesos para intervenir 802 kilómetros. Actualmente se trabaja en 18 proyectos: cuatro están concluidos, 11 se encuentran en proceso y tres están por comenzar.
El cuarto eje, Caminos Artesanales, considera una inversión de 32 mil 556 millones de pesos para atender 4 mil 554 kilómetros. Hasta el momento se han concluido 368 kilómetros y otros 900 kilómetros están en ejecución.
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A estos componentes se suma el Plan General Lázaro Cárdenas del Río, que representa una inversión de 7 mil 729 millones de pesos para mil 219 kilómetros distribuidos en 10 tramos de carreteras y caminos. El avance reportado es de 858 kilómetros concluidos, equivalentes a 70 por ciento, mientras 255 kilómetros están en ejecución. La conclusión de estas obras está proyectada para 2027.
Por su parte, el director general de Banobras, Jorge Alberto Mendoza Sánchez, informó que la institución tiene bajo su responsabilidad 19 proyectos, de los cuales 14 ya fueron aprobados por la SICT y cinco permanecen en análisis. La inversión estimada asciende a 213 mil 868 millones de pesos, con una proyección de 177 mil 862 empleos directos y 144 mil 745 indirectos.
Los proyectos de inversión mixta, explicó, operan bajo esquemas en los que no se otorgan concesiones: el Estado conserva la propiedad y los derechos, mientras que el sector privado participa en el financiamiento y asume determinados riesgos. Además, se contempla que los proyectos sean autofinanciables y que las autopistas se construyan y operen bajo estándares establecidos en los contratos, con supervisión independiente.
El alcance financiero y territorial del programa coloca a la infraestructura carretera como uno de los componentes relevantes de la estrategia federal de obra pública, al combinar proyectos de construcción, rehabilitación y modernización con mecanismos de participación privada que, de acuerdo con el Gobierno de México, buscan ampliar la capacidad de inversión sin transferir la propiedad de las carreteras al sector privado.
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