En un acto de justicia con perspectiva de género e interculturalidad, el Gobierno del Estado de México logró la liberación de Bonifacia “N”, mujer indígena mazahua y adulta mayor, quien permanecía privada de la libertad desde 2021 tras un proceso judicial marcado por omisiones y falta de garantías de defensa.
La liberación fue posible gracias al trabajo coordinado de la Secretaría de las Mujeres (SeMujeres), la Consejería Jurídica —a través del Instituto de la Defensoría Pública (IDP)— y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM).
Bonifacia “N” se encontraba interna en el Centro de Prevención y Reinserción Social de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, tras ser sentenciada por homicidio en un contexto de violencia familiar que no fue debidamente considerado durante su juicio, reflejando la desigualdad estructural que enfrentan muchas mujeres.
El caso fue identificado durante una jornada de salud física y mental que la SeMujeres realiza mensualmente en centros penitenciarios, donde se informa a las internas sobre los servicios disponibles. En septiembre de 2024, el IDP presentó ante la CODHEM un proyecto de amnistía sustentado en la Ley de Amnistía estatal, demostrando que la mujer había sido víctima de violencia constante, que pertenecía a un pueblo indígena y que no se respetó su derecho al debido proceso.
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Debido a que el delito era considerado de alto impacto, la legislación exige que un organismo de derechos humanos solicite la amnistía. Con base en los argumentos del IDP, la CODHEM llevó el caso ante el Poder Judicial. El IDP cubrió el pago de la reparación del daño y la SeMujeres asumió la multa, lo que permitió que la Sala de Asuntos Indígenas concediera la amnistía.
Este resultado responde a las directrices de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, quien ha reiterado su compromiso con el acceso a la justicia, la igualdad sustantiva y el respeto a los derechos humanos de las mujeres en la entidad.
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