Las comisiones unidas del Senado aprobaron por unanimidad (47 votos) una reforma para endurecer la legislación contra la extorsión.
Entre los 15 cambios que se hicieron a la minuta enviada por los diputados destaca el fortalecimiento de las penalidades y la obligatoriedad para que las fiscalías creen unidades especializadas en extorsión.
Uno de los puntos más relevantes es que la reforma faculta al Congreso de la Unión a expedir una Ley General contra la Extorsión, lo que permitirá homogeneizar la tipificación del delito, sus agravantes y las sanciones en todo el país.
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También se elevaron los rangos de prisión: la pena mínima propuesta por los senadores subió a 15 años, mientras que la máxima podría alcanzar los 25 años, según el nuevo dictamen.
Además, la reforma incluye la creación de mecanismos para la atención temprana de víctimas y un reforzamiento de las investigaciones con unidades especializadas, incluso desde los penales.
Según los senadores, este cambio legislativo es parte de la Estrategia Nacional contra la extorsión y busca cerrar los vacíos legales que han permitido que el crimen organizado se aproveche de la discrepancia entre las leyes estatales y federales.
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