En un paso decisivo para consolidar un modelo de ciudad más segura, igualitaria y con justicia social, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, presentó ante el Congreso capitalino cinco iniciativas de ley orientadas a reducir la incidencia delictiva, fortalecer la procuración de justicia, homologar la legislación local con la federal y garantizar la creación del Sistema Público de Cuidados.
“El objetivo de estas iniciativas es construir una Ciudad de México más segura, más justa y más igualitaria; tienen que ver con cerrar vacíos legales, proteger a las víctimas, homologar con leyes federales y también con una nueva ley que sirva para cuidar en la Ciudad de México”, señaló la mandataria capitalina durante su conferencia de prensa.
Entre las propuestas más relevantes se encuentra la Ley del Sistema Público de Cuidados, la cual busca reconocer el cuidado como un derecho humano y una responsabilidad colectiva, haciendo justicia a las mujeres y consolidando a la Ciudad de México como la primera entidad del país con una legislación integral en la materia. La iniciativa responde al artículo 9 de la Constitución local y a la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que define tres dimensiones del cuidado: ser cuidado, cuidar y el autocuidado.
De aprobarse, esta ley obligará a las autoridades a crear un sistema con servicios universales, accesibles y de calidad, además de promover la redistribución equitativa de las tareas de cuidado entre géneros, instituciones y sectores sociales. En paralelo, la jefa de Gobierno anunció una reforma penal para sancionar las lesiones por razones de género, con el fin de prevenir y castigar la violencia antes de que derive en feminicidios. “No vamos a esperar al feminicidio para actuar; hay distintos tipos de violencia de género que deben clasificarse y sancionarse”, subrayó.
El paquete legislativo también contempla reformas al Código Penal para fortalecer la protección de las víctimas del delito de despojo, agravar las sanciones por amenazas y homologar disposiciones locales con la legislación federal, lo que permitirá mejorar la coordinación institucional frente a estructuras delictivas.
La secretaria de Bienestar, Araceli Damián González, destacó que la Ley del Sistema Público de Cuidados representa un parteaguas en la política social de la capital, al colocar el cuidado en el centro de la acción pública y reconocerlo como una corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad. La funcionaria explicó que se prevé la creación de una Junta de Gobierno encabezada por la jefa de Gobierno e integrada por las dependencias del Ejecutivo local y organismos descentralizados, como el DIF, encargada de delinear y ejecutar un plan sexenal de acción.
El proyecto prioriza la atención a primeras infancias, personas adultas mayores, con discapacidad, en situación de calle y grupos históricamente relegados, además de establecer un presupuesto progresivo que no podrá ser menor al del año anterior y que tiene como meta alcanzar la cobertura universal en 2050.
Por su parte, la consejera jurídica, Eréndira Cruzvillegas Fuentes, explicó que las reformas al Código Penal, el Código Civil, la Ley Registral y la Ley de Notarías buscan fortalecer la protección de las víctimas y sancionar la simulación de actos de buena fe, así como el uso irregular de registros y documentos notariales, con énfasis en la defensa de adultos mayores, mujeres solteras, personas con discapacidad y comunidades indígenas.
En materia de seguridad, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, señaló que se propone armonizar la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana local con las reformas federales a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con el propósito de reforzar la coordinación institucional, la profesionalización policial y el régimen disciplinario. La iniciativa otorga validez jurídica al Gabinete de Seguridad y Construcción de Paz, define criterios para las evaluaciones de control de confianza y homologa el delito de asociación delictuosa con su equivalente federal.
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Finalmente, la fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, destacó que las enmiendas penales contemplan mayores penas por lesiones cometidas por razones de género o prejuicio hacia la orientación sexual o identidad de género, para visibilizar y castigar con mayor severidad este tipo de violencia. Entre los supuestos considerados se incluyen relaciones afectivas previas, antecedentes de acoso, agresiones frente a hijas e hijos menores o en contextos laborales y de trabajo sexual.
Asimismo, se plantea reformar el artículo relativo al delito de amenazas para diferenciar las comunes de aquellas que representen un riesgo real, con agravantes cuando se utilicen armas, existan vínculos con la delincuencia organizada, se trate de amenazas de muerte o se dirijan contra testigos.
Con este paquete de reformas, el gobierno de Clara Brugada apuesta por un modelo de justicia integral, con perspectiva de género y corresponsabilidad social, que busca fortalecer el tejido institucional y social de la capital del país, consolidando a la Ciudad de México como referente nacional en seguridad, equidad y cuidado comunitario.
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