La presión de Washington sobre La Habana ya no se limita al petróleo ni a las sanciones financieras. En el último año, una decena de países del Caribe y Centroamérica han cerrado o reducido sus contratos para recibir médicos cubanos, tras la insistencia de Estados Unidos de frenar lo que considera “trabajo forzado” en las misiones internacionales de la isla.
La medida impacta directamente una de las principales fuentes de divisas de Cuba: la exportación de servicios profesionales, junto con el turismo y las remesas, sectores también afectados por la política estadounidense.
¿Por qué Washington cuestiona las brigadas médicas?
El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, calificó el sistema como un “esquema de trabajo forzado” con prácticas laborales “abusivas y coercitivas”, postura respaldada por el informe 2024 sobre trata de personas del Departamento de Estado.
Organizaciones como Prisoners Defenders sostienen que el Gobierno cubano retiene en promedio hasta el 85 % del pago realizado por los países anfitriones, además de confiscar pasaportes y penalizar a quienes abandonan la misión antes de concluir su contrato.
La Habana rechaza estas acusaciones y defiende el modelo como un mecanismo de cooperación solidaria que ha llevado, según datos oficiales, a más de 600 mil profesionales a 165 países durante más de seis décadas.
¿Qué está en juego para la economía cubana?
De acuerdo con cifras oficiales, entre 2018 y 2020 los servicios profesionales representaron más del 40 % de las exportaciones totales de la isla, según la Oficina Nacional de Estadística e Información.
El Departamento de Estado estima que Cuba obtiene entre seis mil y ocho mil millones de dólares anuales por este concepto. La reducción de convenios amenaza una fuente clave de liquidez para un país que enfrenta escasez de divisas y contracción económica.
Caribe bajo presión: ¿quiénes han ajustado sus acuerdos?
La reacción ha sido particularmente visible en el Caribe. Países como Bahamas, Granada, Antigua y Barbuda, Guyana y Trinidad y Tobago defendieron inicialmente los programas, pero luego ajustaron o suspendieron contratos.
Bahamas anunció la cancelación de sus convenios vigentes; Granada equiparó condiciones laborales; Antigua y Barbuda optó por reclutar personal de Ghana; Guyana puso fin al sistema discretamente este año; y Trinidad y Tobago prioriza ahora la contratación local.
La Organización de Estados Caribeños Orientales ha expresado preocupación por el impacto en sistemas sanitarios que dependen en buena medida del personal cubano.
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¿Qué pasa en Centroamérica y Venezuela?
En Centroamérica, Guatemala anunció el cierre progresivo de su acuerdo, mientras Honduras mantiene la colaboración, aunque su renovación está en duda. Nicaragua no ha anunciado cambios, pese a nuevas exigencias migratorias.
La incógnita mayor es Venezuela, socio clave desde 2000. En junio de 2025 permanecían allí cerca de 13 mil profesionales cubanos. Caracas pagaba en petróleo, mecanismo hoy afectado por el endurecimiento de sanciones y la inestabilidad política tras la captura del presidente Nicolás Maduro. Ninguno de los dos gobiernos ha dado por cancelado formalmente el convenio.
¿Cooperación solidaria o modelo bajo escrutinio?
El debate expone una tensión mayor: la disputa geopolítica entre Washington y La Habana impacta directamente en sistemas de salud frágiles que dependen de médicos extranjeros. Para muchos países caribeños, las brigadas representaron una solución rápida y eficaz; para EE.UU., un esquema que vulnera derechos laborales.
En medio de la presión diplomática, las economías pequeñas buscan equilibrar relaciones estratégicas sin comprometer la atención sanitaria de sus poblaciones. El desenlace no sólo definirá el futuro de la cooperación médica cubana, sino también el margen de maniobra de los países del Caribe y Centroamérica frente a las grandes potencias.
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