El gobierno de Estados Unidos, amparado por una reciente decisión de la Corte Suprema, reinstauró un protocolo que permite deportar a migrantes hacia países que no son su lugar de origen —con apenas seis horas de anticipación en casos urgentes y 24 horas en procesos normales— incluso sin garantías de que el país receptante sea seguro.
Este mecanismo se basa en una jurisprudencia del 23 de junio, cuando el máximo tribunal levantó una orden judicial que anteriormente obligaba al gobierno a ofrecer a los migrantes una “oportunidad significativa” de impugnar su deportación a terceros países, tras un caso en el que ocho migrantes fueron enviados originalmente a Sudán del Sur vía Djibouti.
Organizaciones de derechos humanos y especialistas legales califican la medida de peligrosa, pues no exige evaluaciones individuales ni salvaguardas, expone a las personas a riesgo de tortura, desaparición forzada o violaciones graves, y carece de supervisión judicial efectiva.
El Departamento de Seguridad Nacional, por su parte, ha defendido la medida como una herramienta vital para limitar la inmigración irregular y garantizar la seguridad nacional, con la orden de deportación inmediata expresada en frases como “enciendan los aviones de deportación”.
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